El recurso a la acción de responsabilidad civil como instrumento de protección de los derechos humanos más básicos a los abusos de Estados o sus emanaciones es reciente. Las víctimas de torturas, genocidios, deportaciones, secuestros, juicios sumarios, ocurridos en contextos de guerra o bajo regímenes dictatoriales en cualquier parte del mundo, recurren a la justicia civil de países como EEUU ante el déficit de soluciones internas o de Derecho Internacional. En el presente estudio se examinan las dificultades jurídicas que deben superar las acciones: unas de Derecho público (esencialmente la inmunidad de jurisdicción del demandado), y otras típicamente privadas