La crisis económica que padecemos ha generado un desmesurado incremento de los procesos de ejecución, tanto ordinaria como hipotecaria, con el correspondiente aumento de las subastas judiciales. Términos jurídicos como la dación en pago, la cesión del remate o la adjudicación al ejecutante que hasta hace bien poco eran prácticamente desconocidos, están ahora de rabiosa actualidad. Por otro lado, las dramáticas consecuencias generadas por la venta en pública subasta de la vivienda habitual de muchos deudores y el carácter poco humanitario de la normativa en vigor, han generado una gran contestación social. El legislador, buscando adaptar la regulación de la subasta judicial a las nuevas demandas ciudadanas ha aprobado, en un breve espacio de tiempo, varias reformas legislativas que afectan a esta materia tan compleja y, a la vez, tan sensible.