La expedición del Código de procedimiento penal en el año 2000 permitió cambios sustanciales en el trámite de la acción penal, que se han incrementado, aunque no siempre perfeccionado ni reformado para bien o para mejor, como sucedió con las reformas de marzo del 2009, que luego debieron reformarse un año después. Por fortuna, las cosas cambiaron. En cualquier caso, el nuevo rol de la fiscalía, la nueva actitud de los jueces, el respeto a los derechos fundamentales de las personas, la observancia de los plazos fijados en la ley y, principalmente, una nueva actitud de los sujetos procesales con la finalidad de que se hagan efectivas las normas punitivas, pero respetando la garantía del debido proceso y todos los derechos que ampara, nos ha llevado a vivir un Derecho procesal penal distinto al que nos enseñaron hace cincuenta años.